Campaña para impedir la entrada de las empresas lucrativas en la sanidad pública y se proceda a la derogación de la ley 15/97

Se reactiva, en todo el Estado, la campaña de recogida de firmas por la derogación de la Ley 15/97

La presión popular y la recogida de casi 500.000 firmas ha dado frutos: El 24 de noviembre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó (con 173 votos a favor IU, PSOE, ICV, BNG, Nafarroa Bai y UPyD, los 147 en contra del PP y las 20 abstenciones de CIU, ERC y PNV) tomar en consideración la propuesta de IU de modificación de la Ley 15/97.

Ahora, más que nunca, es el momento de exigir a los grupos políticos que han votado a favor, que se den los pasos legislativos necesarios para impedir la entrada de las empresas lucrativas en la sanidad pública y se proceda a la derogación de la ley 15/97.

Firma y difunde en: www.casmadrid.org

Si quieres más información:

Desde hace años, la política sanitaria de la Comunidad de Madrid ha estado dirigida a provocar un deterioro continuado del sistema público con el fin de poder justificar, posteriormente, su privatización ante los contribuyentes. Así, en lugar de aumentar el presupuesto sanitario en función de las necesidades y el aumento de la población, se vienen asignando incrementos a todas luces insuficientes, que sitúan a la Comunidad de Madrid en los últimos lugares del Estado en cuanto a gasto por habitante.A la par, se han aumentado de forma continuada las derivaciones a la sanidad privada de todos aquellos servicios que se consideran económicamente rentables, lo que ha permitido la aparición de un sector privado listo para parasitar al sector público.

Este déficit de financiación, junto con el incremento poblacional y la congelación real de plantillas, ha generado un deterioro asistencial que cualquier ciudadano puede observar y sufrir en los hospitales y centros sanitarios de nuestra Comunidad.

La aprobación de la Ley 15/97 “de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad ”, con los votos del PSOE y del PP, abrió el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más. Con la aprobación, en diciembre de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), no se hizo más que desarrollar en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 ya había legitimado.

A partir del 2005, el gobierno de la Comunidad de Madrid aceleró el proceso de privatización traspasando a empresas privadas con ánimo de lucro la gestión y explotación, durante décadas, de 8 nuevos hospitales mediante el modelo de concesión; este modelo se aplica en Gran Bretaña, donde ya ha evidenciado graves inconvenientes tanto para los usuarios como para los profesionales de la salud, problemas que han sido reconocidos incluso por organismos como la Organización Mundial de la Salud.

Aprovechando la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2007, el PP acaba de dar un paso adelante más en esta estrategia mediante la aprobación de los mecanismos legales que permiten la conversión de los actuales centros sanitarios públicos en “entidades de derecho privado” así como la creación de 6 empresas de derecho privado destinadas a gestionar “la parte sanitaria“ de los nuevos centros (aquella que, supuestamente, no se iba a privatizar nunca). Dicho sistema, que ya está aplicando el PSOE en Andalucía desde hace años, y que es similar a las Fundaciones Sanitarias creadas por el PP en Galicia, trata de eludir los controles propios del derecho público e incrementar la flexibilidad y precariedad laborales. Sin embargo, esta nueva forma de gestión nunca ha conseguido evidenciar una mayor eficiencia sanitaria con el paso de los años.

Conscientes de que la experiencia en otros países ha demostrado que la introducción del mercado en la sanidad sólo puede provocar el aumento de las desigualdades en salud y la consideración de pacientes y trabajadores del sector como meros instrumentos para generar plusvalías económicas, un grupo de profesionales del sistema público (médicos, personal sanitario y no sanitario), colectivos de usuarios y vecinos, así como las organizaciones CNT, CGT-MSE, Solidaridad Obrera, Ecologistas en Acción, Plataforma Sindical EMT y Sindicato Asambleario de Sanidad, hemos decidido constituir la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad de Madrid con el objetivo de aunar esfuerzos y organizarnos en defensa del sistema público sanitario.

 

 

Resultados del cuestionario realizado por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública del Corredor del Henares.

Hemos recogido 1630 encuestas.

 

A la pregunta de: ¿Como calificarías la atención sanitaria?:

Excelente: 94

Buena: 523

Regular: 717

Mala: 125

Muy mala: 82

No contestan 89:

Tiempo de espera en Atención Primaría: de 2 a 3 días. (Queja de un vecino, le dan cita para una semana después)

 

Lista de espera para las diferentes especialidades:

Alergia: 5 a 9 meses.

Cardiología 6 meses (preferente 1 mes)

Dermatología: 5 meses, hay respuestas que manifiestan que, una vez que tienen la cita se la van retrasando.

Digestivo: 3 a 4 meses, 5, contestan 8 meses;

Endocrinología: 4 a 8 meses, algunos/as encuestados/as reflejaban que no había Endocrino y les enviaban al Hospital de Santa Cristina.

Ginecología: 3 a 7 meses

Neurología: 3 a 7 meses (preferente una cita de 20 días)

Oftalmología: 3 a 7 meses, cuatro, contestan 8 meses, una 1 año,(Preferente 10 días)

Otorrino: Tiempos de espera muy dispares de 3, 7, 8, 10 meses.

Traumatología: 2 a 5 meses.

Urólogo 3 a 6 meses.

 

Pruebas diagnosticas:

Ecocardiogramas: 8 a 10 meses.

Audiometrías: 3 meses.

Unidad del sueño: 6 meses.

Densimetrías: Se derivan al Hospital Infanta Leonor de San Sebastián de los Reyes.

 

El tiempo de espera en la urgencia es de 3 a 8 horas, para que te vea el o la especialista.

 

A nivel general los/as encuestado/as manifiestan buena atención por parte del personal médico y de enfermería.

 

 

 

¡NO AL PROYECTO DE ÁREA ÚNICA!  

El gobierno de la Comunidad de Madrid persigue liquidar el modelo sanitario público, y convertirlo en un negocio basado en relaciones mercantiles (competencia entre centros, servicios y profesionales), con importante participación privada y regulado por el mercado.  

LA RENTABILIDAD ECONÓMICA SUSTITUIRÁ A LA RENTABILIDAD SOCIAL. LA LIBRE ELECCIÓN DE PROFESIONAL SANITARIO, CENTRO DE SALUD Y SERVICIO HOSPITALARIO, QUE NOS PRETENDEN OFRECER COMO POSITIVO, ES UN ENGAÑO. En realidad, tras esta propuesta, se esconden cambios muy perjudiciales para los ciudadanos.  

•  Al eliminar las 11 Áreas sanitarias se alejan los centros de decisión de la población. Las posibilidades de intervención ciudadana, individual y colectiva, desaparecen.  

•  Impide planificar los recursos que los barrios y la ciudadanía necesitan para mejorar su salud, al despreciar sus características concretas.  

•  Al depender el presupuesto de los centros sanitarios de su capacidad de atraer clientes, se favorece a los grandes hospitales (más competitivos) y se abandona a las zonas más pobres o con menos medios sanitarios (menos competitivas), que es donde mayores problemas de salud existen y donde más ciudadanos acuden a la sanidad pública.  

•  Se favorece la selección de riesgos negativa (eludir pacientes y procesos menos rentables económicamente), al depender el presupuesto de los centros sanitarios del cumplimiento de objetivos relacionados con el ahorro.  

•  Disminuye la calidad y aumenta la masificación al concentrarse los recursos técnicos y humanos en los centros más competitivos. Y se elude aumentar las infraestructuras.  

•  Las autoridades sanitarias eluden sus responsabilidades sobre las listas de espera y las trasladan a la población, dado que si el paciente espera es que ha elegido mal.  

•  Una parte sustancial del salario de los trabajadores dependerá del cumplimiento de unos objetivos que persiguen disminuir costes económicos (menos recetas, menos pruebas, menos derivaciones a especialistas y hospitales, menos bajas).  

•  La competencia rompe el trabajo en equipo -lo que favorece el abandono de las actividades de prevención y promoción de la salud, y dificulta la coordinación entre atención primaria y atención especializada, en perjuicio de la calidad de la asistencia. 

ESTA PROPUESTA DE FALSA LIBRE ELECCIÓN NO SIRVE PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS SANITARIOS EXISTENTES, Y DESMANTELA EL SERVICIO SANITARIO PÚBLICO MADRILEÑO Y EL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA.  

LO QUE SE NECESITA ES MÁS DINERO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN, MÁS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD PÚBLICOS, Y MÁS PERSONAL PARA DAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD:

Para impedirlo, ciudadanos y trabajadores de la sanidad debemos responder unidos:

 

POR LA RETIRADA DEL PROYECTO DE AREA ÚNICA Y LIBRE ELECCIÓN

 

 

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